Comunidades pueden iniciar procedimientos ante Fiscalía de defensa ambiental contra quienes atenten contra el patrimonio

Este pasado fin de semana, durante tres días  Puerto Cabello, en el estado Carabobo,  fue sede del I Encuentro de de Conjuntos Arquitectónicos Patrimoniales.

Al evento acudieron representantes de los estados Bolívar, Falcón, Lara, Trujillo, Guárico, Zulia, Yaracuy y Carabobo, así como de instituciones públicas con competencia en el área, para celebrar el nacimiento de esta organización social que pretende hacer frente al daño sistemático que se ejerce sobre el patrimonio arquitectónico y pone en riesgo la identidad cultural del país.

Durante la actividad se pudo conocer cuál es el patrimonio urbano existente en cada una de las comunidades que participaron, sus actuales condiciones y las acciones que se están emprendiendo para preservarlo.

ACUERDOS

En esta primera reunión, se acordó entre los miembros participantes, constituir una asamblea de ciudadanos que, con delegación de autoridad, pueda impulsar medidas sancionatorias para impedir el daño a su patrimonio.

La reunión cerró con la elaboración de la Declaración de Puerto Cabello que acordó redactar y dirigir un documento al presidente de la República Bolivariana, Hugo Chávez Frías, para exponer la preocupación por el estado de deterioro del patrimonio construido y la necesidad imperiosa de que esta situación sea asumida como un asunto de estado de máxima prioridad. Dicha declaración busca destacar la legitimidad de los colectivos que se están conformando en varios centros urbanos, en defensa de la arquitectura urbana patrimonial, puesto que se fundamentan en la razón de ser del poder popular.

El encuentro fue oportuno para crear un comité de voceros de la Red que tendrá como finalidad articular entre las distintas instancias nacionales y locales, públicas o privadas, todo lo concerniente a los intereses de la misma; además de convocar para el primer trimestre del próximo año 2013 a una asamblea general de la Red de Colectivos en Defensa de la Arquitectura Urbana Patrimonial (CODAUP).

Por su parte, el IPC asume el compromiso, mediante los instrumentos legales que correspondan, de reconocer el rol de la contraloría social, la difusión y denuncia que tengan a bien realizar los colectivos locales que conforman la Red.

Carlos Holder, de la plataforma de Patrimonio Cultural del Gabinete de cultura del estado Yaracuy, informó que  se contó con la participación de la Fiscal 88 Nacional del Ministerio Público de Defensa Ambiental, Luz Mayela Hernández, quien dio a conocer la forma sobre cómo las comunidades pueden iniciar un procedimiento junto a la Fiscalía para actuar con celeridad ante los casos de riesgo o intervención de los bienes construidos.(Fotos MPPC)